La Reforma a la Ley de Glaciares: Un Riesgo Ambiental Latente
El reciente dictamen del gobierno nacional para modificar la Ley Nº 26.639, conocida como la Ley de Glaciares, ha encendido alarmas en diversos sectores. Expertos jurídicos, científicos y organizaciones ambientales han expresado su preocupación sobre el impacto que esta iniciativa puede tener en la protección del agua en Argentina. Según Lucas Michealoud, especialista ambiental, este cambio es percibido como un intento de desmantelar los presupuestos mínimos de protección que tan cruciales son para el sostenimiento de nuestros recursos hídricos. La falta de políticas activas en relación a la conservación del medio ambiente ha intensificado el debate público sobre este tema, especialmente entre los grupos ambientalistas que ven con inquietud el rumbo que está tomando esta legislación.
Impacto en la Minería y el Medio Ambiente
Una de las críticas más fuertes a esta modificación radica en que podría habilitar actividades prohibidas en áreas glaciares y periglaciares. Michealoud menciona específicamente la propuesta de permitir minería transnacional, así como actividades hidrocarburíferas y otras prácticas altamente contaminantes. Este asunto no es solo una preocupación del sector ambiental; científicos y académicos están levantando la voz, resaltando que más de 1500 pueblos en Argentina dependen directamente de estas reservas de agua dulce. La especulación sobre el agua es un tema sensible, y permitir que se realicen actividades industriales en estas zonas sería un grave riesgo para la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.
Las Presiones de la Minería Transnacional
Michealoud critica que este intento de modificación de la Ley de Glaciares parece favorecer a intereses específicos, como la minera Barrick Gold. De hecho, hay cinco proyectos mineros que buscan ser impulsados, y en lugar de adaptar estos planes a la regulación actual, se promueve un clima que permite su viabilidad bajo el pretexto del desarrollo económico. A pesar de que el sector minero cuenta con el 99% del territorio nacional para llevar a cabo actividades, la presión por flexibilizar aún más estas normas es alarmante. Michealoud traza un paralelismo entre esta situación y la posibilidad de permitir minería en áreas tan icónicas como las Cataratas del Iguazú, subrayando que la protección de nuestras reservas de agua dulce no es un tema que se deba tomar a la ligera. En definitiva, el debate no se reduce a una dicotomía entre desarrollo y medio ambiente, sino que plantea cuestiones fundamentales sobre lo que realmente valoramos como sociedad.
