Un Ataque a la Libertad de Prensa en la Ciudad
El pasado miércoles 25 de marzo, un alarmante incidente sacudió la ciudad, poniendo en jaque la seguridad de los trabajadores de prensa y, más aún, la libertad de expresión. Los periodistas Tania Domenicucci y Agustín Aroca, de ANRoca, se encontraban en el Parque Industrial, donde cubrían un principio de incendio. Al llegar al lugar, un grupo de personas les confirmaron el siniestro, pero se negaron rotundamente a permitir que los periodistas registraran imágenes del interior del almacén. Respetando esta decisión, el equipo de prensa se retiró a la vía pública para fotografiar la fachada y cumplir con su labor informativa.
Sin embargo, lo que comenzó como una visita profesional rápidamente se tornó en un episodio violento. Un hombre, identificado más tarde como Sergio Omar Pauletto, propietario del depósito, salió del establecimiento y comenzó a increpar y amenazar a los reporteros para que no continuaran con la cobertura. A pesar de que le explicaron que estaban en la vía pública y tenían el derecho de registrar el lugar, el sujeto no dudó en alzar la voz, recordándoles que, de publicar la nota, habría implicaciones graves para ellos. Su agresividad escaló al punto de grabar a los periodistas, mientras profería amenazas explícitas hacia el automóvil de uno de ellos, advirtiendo que lo dañaría si no cesaban la grabación.
En un intento por documentar las amenazas recibidas, Domenicucci guardó su cámara y comenzó a filmar con su teléfono celular. A pesar de su derecho a ejercer la libertad de prensa, el agresor actuó de manera inaceptable, quitándole el teléfono por la fuerza y condicionando su devolución al abandono del lugar por parte de los periodistas. Es relevante mencionar que este ataque no solo representa un asalto a la libertad de prensa, sino que también implica un acto de violencia de género, dado que la agresión se centró particularmente en la fotógrafa. Tras el incidente, los trabajadores de prensa se dirigieron a la Comisaría 31° de General Roca para radicar la denuncia penal correspondiente, marcando un capítulo grave en la defensa de la labor periodística en la región.
