La Controversia del Referéndum en Bariloche: Intendente y Concejo Deliberante en el Debate
El intendente Walter Cortes se encuentra en el centro de una controversia luego de que el Concejo Deliberante lo convocara a presentar informes sobre el referéndum programado para el 9 de noviembre. A pesar de la importancia de este proceso electoral, en el que la ciudadanía podrá expresar su opinión sobre diez temas propuestos por el ejecutivo, Cortes ha decidido no asistir. Durante una rueda de prensa, argumentó que no se le enviaron las preguntas necesarias en el plazo estipulado, lo que considera una falta de cumplimiento por parte del Concejo. En su lugar, su asesor legal, “Mike” Domínguez, se presentará para representar al intendente, dejando una sensación de descontento entre algunos concejales.
El ambiente se calienta aún más dado que varios ediles han planteado acciones para revocar la convocatoria al referéndum, señalando que esta podría ser inconstitucional. La concejal de Cambiemos, Samantha Echenique, recalcó la obligación del intendente de presentar informes ante el poder legislativo. Por su parte, Julieta Wallace de Incluyendo Bariloche destacó la necesidad de que Cortes asuma la responsabilidad por su ausencia y sugiere que la situación podría derivar en posibles sanciones por incumplimiento. En sus declaraciones, ambos buscan darle un marco legal a la controversia, enfatizando que el respeto a la carta orgánica es fundamental para el funcionamiento democrático de la ciudad.
A pesar de la crítica situación, Cortes se mantiene enfocado en sus planes para el desarrollo de la ciudad. En la misma rueda de prensa, anunció que está avanzando en gestiones para obras significativas, como el natatorio y el centro de convenciones, enfatizando que su tiempo es mejor invertido en estos proyectos que en explicaciones ante el Concejo. Para él, el referéndum es un acto de democracia y propone la necesidad de modificar la carta orgánica, ya que considera que algunos concejales han demorado proyectos importantes durante más de tres años. Mientras el debate continúa, la ciudadanía espera con atención el desenlace de este enfrentamiento institucional que podría definir el rumbo de Bariloche a corto plazo.
