Acuerdo Salarial en Río Negro: Un Paso en la Mesa de la Función Pública
El pasado 18 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una importante reunión en la Mesa de la Función Pública, donde el Gobierno de Río Negro se sentó a dialogar con los gremios estatales ATE y UPCN. Durante este encuentro, se acordó que la negociación salarial se limitará exclusivamente al mes de octubre, en lugar de abarcar todo el último trimestre del año. Esta decisión fue una respuesta directa al planteo del Secretario General de UPCN, que consideró prudente enfocar los esfuerzos en el corto plazo. La intención es asegurar una propuesta sólida y consensuada, sin comprometer la calidad de los servicios esenciales que proporciona el Estado.
Contexto y Motivos de la Decisión
La complicación en la agenda política y las necesidades inmediatas de los empleados públicos llevaron a los representantes gubernamentales a priorizar un análisis más exhaustivo. La secretaria de la Función Pública, Tania Tamara Lastra, junto con la Secretaria de Hacienda, Natalia Crociati, y el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos, consideraron que discutir una pauta salarial únicamente para octubre permitiría un enfoque más práctico y efectivo. La situación, marcada por ciertos hechos ocurridos en las afueras del edificio de la Función Pública, generó la urgencia de esta decisión. Es fundamental para las partes involucradas abordar el tema salarial con completa claridad y responsabilidad.
Participación de los Actores Clave
En la reunión, además de los funcionarios del Gobierno provincial, estuvieron presentes los líderes gremiales Marcelo Vidal de UPCN y Rodrigo Vicente de ATE. La participación activa de estos representantes es fundamental para avanzar en un diálogo constructivo que beneficie a todos los empleados del sector público. Las expectativas son altas, y con el compromiso de ambos lados, se espera que el próximo encuentro, programado para la semana siguiente, permita avanzar en la construcción de una propuesta que, a la vez que contemple las necesidades salariales, no comprometa la continuidad de los servicios básicos que dependen de la función pública.
