Investigaciones en el Poder Judicial: Desaparición de Armas en Roca
En la ciudad judicial de Roca, Río Negro, las alarmas han sonado fuerte tras la revelación de que “más de 100 armas” secuestradas en causas penales han desaparecido de los depósitos judiciales. Este hallazgo ha destapado serias fallas en la cadena de custodia del Poder Judicial de la provincia, lo que ha llevado a la suspensión de al menos tres empleados del área encargada. La preocupación es palpable, ya que estas armas, que deberían haber permanecido bajo la estricta custodia judicial, ahora podrían estar relacionadas con delitos graves, generando inquietud tanto en la comunidad como en las autoridades judiciales.
La investigación se inició tras un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, donde una de las armas utilizadas en un enfrentamiento armado fue recuperada y se descubrió que debía estar bajo resguardo judicial. Esa verificación encendió las alarmas y llevó a las autoridades a realizar un relevamiento en el depósito del edificio judicial, donde encontraron que las irregularidades eran más amplias de lo esperado. La falta de estas armas ha sido constatada por varios funcionarios del Poder Judicial, quienes coinciden en la gravedad de la situación. El manejo de estas evidencias es crucial, ya que forman parte de causas penales que abarcan desde delitos menores hasta crímenes extremos.
Con el fin de aclarar lo sucedido, se han implementado medidas tanto internas como judiciales. La jueza de Garantías, Claudia Lemunao, ha ordenado allanamientos en domicilios vinculados a la investigación, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. Paralelamente, el Auditor General del Poder Judicial, Juan Manuel Montoto Guerrero, lidera una auditoría interna para establecer las responsabilidades. La Oficina Judicial, encargada del resguardo de estas armas desde la reforma procesal de 2017, está bajo la dirección de Fernanda Lucchetti. Se ha resaltado que el acceso al depósito es sumamente restringido, lo que hace que la situación sea aún más alarmante, ya que sugiere una falta de protocolo o vigilancia en el manejo de estas evidencias críticas.
