Ajuste en la Asignación Universal por Hijo y Otras Prestaciones Sociales
El reciente anuncio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha traído consigo un respiro para muchas familias argentinas. A partir de julio, se implementará un aumento del 1,5% en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este ajuste responde directamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, y busca contrarrestar el impacto de la inflación, asegurando que el poder adquisitivo de los hogares se mantenga lo más intacto posible. Con este nuevo ajuste, el monto bruto mensual de la AUH pasará de $109.498 a $111.140, aunque es importante resaltar que el 20% de este monto será retenido hasta que se presente la correspondiente Libreta, lo que disminuirá el importe efectivo a $88.912.
Pero el ajuste de la AUH no es el único cambio que se avecina. La relevancia de este incremento se extiende a otras prestaciones sociales, como jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones familiares. Todo esto está regido por el Decreto 274/2024, que establece que las actualizaciones de los beneficios se realizan mensualmente en función de las variaciones del IPC. Esta dinámica no solo significa que los beneficiarios de la AUH verán un alivio en sus ingresos, sino que también quienes acceden a la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas experimentarán un ajuste benéfico que busca mitigar las consecuencias de la inflación en el día a día de las familias argentinas.
Junto a estas mejoras, el Estado también ha implementado iniciativas complementarias, como la Tarjeta Alimentar. Esta medida, gestionada por el Ministerio de Capital Humano, se enfoca en satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Las familias recibirán montos adicionales que varían según la cantidad de hijos: $52.250 para aquellas con un hijo, $81.936 para dos, y $108.062 si son tres o más. A través de estas disposiciones, se busca proporcionar un apoyo directo y efectivo que atienda las necesidades más urgentes de la población, reafirmando el compromiso del Estado en la protección de los sectores más vulnerables frente a la escalada de costos.
