La Defensoría del Pueblo de Bariloche: Un órgano que necesita ser visible
La Defensoría del Pueblo de Bariloche fue creada en 2007 por la ordenanza 1749-CM-07 como un órgano unipersonal independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Esto significa que no depende del intendente ni del Concejo Municipal, facilitando así su libertad para actuar ante irregularidades y abusos del Estado municipal. Sin embargo, a día de hoy, esta institución se encuentra acéfala, lo que genera incertidumbre y desinformación entre la población. El poder de intervención que posee, que incluye la capacidad de investigar y controlar el accionar de las oficinas públicas, se ve comprometido ante la falta de una persona que desempeñe el cargo.
Desconocimiento y Confusión entre los Barilochenses
Un reciente sondeo realizado por Noticiero Seis reveló que pocos barilochenses saben realmente qué hace la Defensoría del Pueblo. Las respuestas de los vecinos, lejos de ser precisas, demostraron un preocupante desconocimiento sobre la existencia y el rol de esta institución. “Me mataste, no tengo idea”, confesó un vecino, mientras que otros asumieron que únicamente gestiona problemas de consumo. Este desconocimiento subraya un vacío informativo que afecta principalmente a aquellos que más necesitan de sus servicios, destacando la importancia de una figura visible que encarne la institución y articule con otros organismos.
Funciones y Diferencias con OMIDUC
Es fundamental entender que la Defensoría del Pueblo y la Oficina Municipal de Información y Defensa del Usuario y Consumidor (OMIDUC), aunque ambas están vinculadas a la protección de derechos, tienen funciones distintas. Mientras que la OMIDUC, creada por la ordenanza 1934-CM-09, se encarga principalmente de recibir denuncias sobre problemas de consumo, la Defensoría del Pueblo se enfoca en cuestiones relacionadas con el Estado municipal. Esto incluye problemas con trámites municipales, fallas en oficinas públicas, y la interactuación con empresas que operan bajo la concesión municipal. La falta de actividad en la Defensoría no solo es un asunto institucional, sino que deja a muchos ciudadanos en una situación de vulnerabilidad, sin la posibilidad de contar con un apoyo que debería estar a su disposición.