Estrategias Controversiales: La Nueva Resolución en Políticas de Discapacidad
Hoy, el Boletín Oficial presentó la Resolución 3487/2026, firmada por Alejandro Alberto Vilches, titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esta publicación llega en un contexto de intensos debates y preocupaciones sobre cómo la gestión actual de Javier Milei está abordando las políticas de discapacidad. A pesar de las múltiples demandas judiciales y las voces de los colectivos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno ha decidido no cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Además, se avanza en el plan para eliminar el Nomenclador Nacional en Discapacidad del presupuesto previsto para el 2027, lo que genera un clima de incertidumbre y malestar entre quienes dependen de estas políticas.
El reciente incremento del 1,7% en las prestaciones de septiembre, aunque bienvenido, es apenas un paliativo ante la preocupante pérdida acumulada de más de 40 puntos porcentuales en los últimos años. Esta mejora, que se basa en la actualización mensual por inflación estipulada en la Ley de Emergencia, sigue siendo insuficiente. La Resolución 3487/2026 también contempla un 20% adicional para los beneficiarios en la región patagónica, reconociendo las dificultades particulares que enfrentan en esta zona. Sin embargo, esta medida aún no corrige el contexto de debilitamiento general de las políticas de discapacidad en el país.
En un intento por equilibrar las finanzas del estado, Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, parecen apostar a un desmantelamiento de las políticas de discapacidad. Desde el inicio de su gestión, los valores del nomenclador se han mantenido estancados, lo cual ha llevado a la creación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, respaldada por un amplio consenso en el Congreso. A pesar de las críticas y decisiones judiciales adversas, el Gobierno persistió en su postura. Un aspecto preocupante del nuevo proyecto de presupuesto para 2027 es que el financiamiento dejará de estar regulado de manera uniforme a nivel nacional, lo que abriría la puerta a una mayor incertidumbre en la atención y los costos de las prestaciones, alterando así los principios de igualdad establecidos por la Ley 24.901 desde 1997. Aunque se prometen estándares internacionales de calidad y equidad, la implementación efectiva de estas garantías sigue siendo un tema a debatir.
