La Reforma de la Ley Nacional de Salud Mental: Un Retroceso Preocupante
El avance de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 ha generado un intenso debate, con voces críticas que señalan el peligro de retroceder en derechos fundamentales. La legisladora rionegrina Maricel Cévoli, licenciada en Psicología, ha liderado la lucha contra lo que califica como un “grave retroceso en materia de derechos humanos y salud pública”. A través de un proyecto de declaración de repudio, Cévoli ha manifestado su preocupación por las nuevas propuestas que priorizan modelos de control y medicalización, en vez de fortalecer las redes de apoyo comunitario y prevención que son esenciales en estos tiempos de creciente fragilidad mental, especialmente entre las juventudes.
Aspectos Cuestionables de la Propuesta
Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentra la eliminación de la obligación del Estado Nacional de financiar políticas de salud mental en las provincias. Esto supone un debilitamiento del compromiso del gobierno con la salud pública, a la vez que se reemplaza el concepto de “padecimiento mental” por una visión patológica que excluye la experiencia de quienes enfrentan estos desafíos. Además, esta reforma prevé la exclusión de usuarios y organismos de derechos humanos de los espacios de revisión y control, lo que podría limitar la voz y participación de quienes más conocen la realidad del sistema de salud mental en el país.
Un Enfoque que Compromete Derechos
Cévoli ha señalado la alarma sobre la reincorporación de criterios de peligrosidad en las internaciones y la ampliación de tratamientos involuntarios, contradiciendo estándares internacionales de derechos humanos. “La Ley Nacional de Salud Mental fue un avance reconocido por su perspectiva interdisciplinaria y comunitaria, respetuosa de los derechos”, sostuvo. Un aspecto adicional que preocupa a la legisladora es la exigencia de una firma psiquiátrica para todas las internaciones, lo que podría agravar las desigualdades territoriales en acceso a la salud, especialmente en provincias donde hay escasez de profesionales. Este nuevo requisito podría convertir en un obstáculo insuperable el acceso a la atención adecuada para muchas personas que atraviesan problemas de salud mental.
