Desalojos Express: Un Tema Controvertido

El debate sobre los desalojos express ha cobrado protagonismo en la agenda política argentina, a medida que se discute el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados. En este contexto, el ex fiscal y abogado especialista en delitos ambientales, Gustavo Gómez, compartió su punto de vista en una entrevista con Tarde Viva (Radio Seis), destacando que, aunque el tema está en discusión, no espera que se aborde con seriedad en la Cámara. Según Gómez, el gobierno actual ya ha enfrentado un costo político alto por otras decisiones, lo que le lleva a pensar que otros intereses, como la recaudación de fondos por la venta de tierras, podrían opacar la importancia de esta ley.

Un Sistema de Justicia Complejo

En su análisis, Gómez subraya la importancia de entender que la Constitución Nacional establece una división de funciones entre la Justicia Federal y la Justicia Provincial. Esto significa que, para que se implementen los desalojos a través de esta nueva ley, deben existir leyes de fondo y forma —como el Código Penal o el Código Civil y Comercial— que son de responsabilidad provincial. Así, cualquier intento de modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no afectará a la justicia provincial. Gomez aclara que los juicios por desalojo dependen de regulaciones formales que se establecen a nivel provincial, lo que complica la aplicación de cambios a nivel nacional.

Ventajas y Limitaciones de la Reforma

Uno de los puntos más controvertidos de esta reforma es su enfoque en los desalojos relacionados con propiedades del Estado Nacional. Según Gómez, la ley prevé que si un inquilino se niega a abandonar una propiedad pública —como terrenos alquilados por Parques Nacionales—, se podrá resolver el tema rápidamente: un juez federal podría otorgar la orden de desalojo en tan solo 10 días, solucionando la situación en un máximo de seis meses. En contraste, los desalojos en escenarios privados, como un local comercial, pueden prolongarse hasta dos años y medio. Este contraste en los tiempos de resolución resalta la diferencia crítica entre las propiedades estatales y las privadas, y abre el debate sobre la efectividad de esta reforma y su aplicabilidad en la práctica.