La Gestión Activa del Gobierno de Río Negro

Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, el Gobierno de Río Negro ha implementado medidas concretas para optimizar la administración pública. A lo largo de este período, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, lo que permitió destrabar trámites que antes experimentaban grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance significativo: 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. Además, se dictaron 91 sobreseimientos y se archivaron 245 expedientes en los que no se comprobaron faltas. Este enfoque tiene como objetivo jerarquizar la carrera administrativa y garantizar un cumplimiento efectivo de las tareas en cada dependencia pública.

Motivos de las Sanciones y su Impacto

La mayoría de las cesantías dictadas recientemente se deben al abandonar el servicio. Esto incluye a aquellos agentes que se ausentaron prolongadamente sin aviso, cortando la comunicación con el Estado aun después de ser intimados. Sin embargo, el Gobierno no solo actúa frente a ausencias, sino también ante situaciones que afectan la calidad de vida de los rionegrinos. Por ejemplo, se sancionó a un responsable de un hospital público que no cumplía con su carga horaria, lo que impedía a los pacientes acceder a tomografías. Asimismo, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado hacia compañeros y pacientes, y por dejar a personas internadas sin la atención necesaria. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para fines personales.

Un Sistema de Control Transparente y Con Garantías

El control ejercido por el Gobierno es transversal, abarcando diversas áreas, aunque la mayoría de las sanciones se concentran en el Ministerio de Salud debido a su alta densidad de empleados y la criticidad de los servicios que provee. Durante el último año, las sanciones también se aplicaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, y otras dependencias. Este proceso está diseñado para ser riguroso y transparente. Las sanciones son el resultado de sumarios donde instructores especializados recaban pruebas, garantizando el derecho a defensa de los involucrados. La decisión final se toma en la Junta de Disciplina, conformada por representantes del Ejecutivo y de los gremios ATE y UPCN. Como señaló la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, “Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente”; cada medida es un paso hacia la mejora sustancial del servicio público.