La situación crítica de las familias vulnerables en Bariloche
La Mesa de Barrios Populares de Bariloche, liderada por Gladys González, ha levantado la voz para visibilizar una preocupación creciente: la amenaza de desalojos que enfrenta una gran cantidad de familias vulnerables. Estos hogares, muchos de ellos ubicados en barrios populares, se encuentran en un estado de precariedad económica que les dificulta avanzar en la regularización de tierras. González explica que el control de la regulación de tierras se ha vuelto una trampa para quienes, como muchos de sus vecinos, viven al día y carecen de los recursos económicos necesarios para afrontar los trámites legales. La realidad es desoladora: mientras algunos discuten sobre la importancia de los papeles, muchas familias se ven atrapadas en un ciclo de pobreza que dificulta no sólo su capacidad de regularización, sino también su acceso a una vida digna.
El impacto de esta situación se agrava por la escasez de recursos y la falta de apoyo por parte del Estado. La misma González ha señalado que el recorte de fondos al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) ha hecho que las posibilidades de regularización se conviertan en un sueño lejano para estas familias. En sus palabras, “si el gobierno no ayuda al RENABAP va a ser muy difícil porque la gente no puede regularizar”. Este contexto se complica aún más para aquellos que no están registrados en el RENABAP, dejándolos en una situación de total desamparo. Frente a la angustia provocada por posibles intimaciones y amenazas de desalojo, muchos vecinos están considerando la opción de un amparo colectivo, aunque carecen de apoyo oficial que les brinde seguridad en este camino.
Las intimaciones que reciben son, según denuncia González, inusuales y confusas, careciendo de datos relevantes y utilizando tácticas intimidatorias que generan más angustia entre las familias afectadas. “Las intimaciones no tienen numeración; solo incluyen los nombres de las calles y de los vecinos”, afirma. Además, denuncia la existencia de supuestas maniobras de empresas inmobiliarias que aprovechan la vulnerabilidad de estas familias para realizar operaciones de desalojo. González menciona que existe un modus operandi repetido en Latinoamérica que se enfoca en despojar a familias de sus terrenos para entregarlos a inmobiliarias, creando un ciclo de explotación que deja a los más necesitados sin nada. “Ellos ganan millones mientras la gente se queda sin hogar”, concluye, subrayando la grave desigualdad que vive la comunidad en Bariloche.
