El Revés Judicial a los Despidos en el INTA
Recientemente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se ha convertido en el epicentro de un intenso debate sobre la reestructuración y los despidos en el sector público. La situación dio un giro inesperado cuando la Justicia Federal de San Martín, mediante un fallo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ordenó la suspensión de cualquier reestructuración en el organismo. Esta medida, que se extiende por seis meses, surge en respuesta a una demanda presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), poniendo freno a la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar funciones y personnel.
El fallo judicial se basa, entre otros planteos, en la ilegalidad de las decisiones tomadas por la nueva administración del INTA, encabezada por Nicolás Bronzovich. La Resolución 20/2026, que pretendía cerrar la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y otras nueve agencias, así como transferir inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ha sido calificada como “manifiestamente arbitraria e ilegítima”. El juez argumentó que estas medidas carecen de la motivación necesaria y contravienen la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, que establece el marco regulatorio fundamental para gestionar el aparato estatal de manera legítima y transparente.
La respuesta del sector gremial no se ha hecho esperar. Rodolfo Aguiar, líder de la ATE, celebró la decisión, indicando que la Justicia reafirma la posición del sindicato frente a la administración actual. En sus declaraciones, Aguiar destacó que esta resolución no solo protege los derechos de los trabajadores del INTA, sino que también resalta la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo agrícola. A pesar de la intención del gobierno de implementar recortes, la reacción judicial propone un momento de reflexión sobre cómo se están manejando los recursos en el ámbito estatal, y qué implicaciones tiene esto tanto para el empleo público como para el futuro del sector agropecuario en Argentina.
