La Problemática de los Teléfonos en las Cárceles
Un Desafío Actual
Los teléfonos móviles que ingresan de forma clandestina a los establecimientos penitenciarios representan un desafío significativo para las autoridades de seguridad. Se argumenta que estos dispositivos permiten a las personas privadas de libertad establecer contacto no autorizado con el exterior, facilitando la coordinación de actividades ilícitas. Para abordar esta problemática, la provincia de Río Negro busca sumarse a un procedimiento nacional destinado a la detección, identificación y bloqueo de dichos dispositivos, en un esfuerzo por devolver el control estatal sobre las comunicaciones dentro de las cárceles.
Detalles del Proyecto Legislativo
La propuesta lleva la firma de la legisladora Elba Yolanda Mansilla (PRN), quien enfatiza que la seguridad penitenciaria es una “responsabilidad indelegable del Estado”. El proyecto estipula que la provincia adhiera a la Resolución ENACOM N.º 734/2026 y a un manual de procedimientos basado en las directrices del Ministerio de Seguridad de la Nación. El texto designa al Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Servicio Penitenciario Provincial, como la autoridad responsable de implementar los mecanismos necesarios para detectar dispositivos móviles en áreas restringidas. Además, tiene la responsabilidad de gestionar el bloqueo del IMEI, IMSI y de las líneas asociadas.
Coordinación y Derechos de los Internos
La iniciativa legislativa también menciona que la autoridad de aplicación deberá coordinar con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ente Nacional de Comunicaciones y los proveedores de servicios móviles. Todas las solicitudes de bloqueo deberán seguir los procedimientos establecidos por la normativa nacional, garantizando así un enfoque sistemático y transparente. Es importante destacar que el proyecto aclara que esta medida no debe afectar el derecho de los internos a comunicarse con familiares, abogados y autoridades judiciales, en cumplimiento con la Ley Nacional N.º 24.660. Según se menciona en los fundamentos, el objetivo no es simplemente prohibir los teléfonos, sino recuperar el control estatal sobre las comunicaciones en el ámbito penitenciario.
