La Ley de Inocencia Fiscal: Una Nueva Era en el Sistema Tributario
La reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre de 2025 ha marcado un hito en la regulación fiscal del país, comenzando a regir desde el 1° de enero de 2026. Este nuevo marco legislativo, que se materializa a través de la Ley 27.799, establece que un contribuyente es considerado inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. De esta manera, se abre una puerta para que los ciudadanos puedan blanquear capitales sin la presión de un escrutinio demasiado riguroso sobre el origen de sus fondos, lo que ha generado tanto esperanzas como críticas.
Uno de los aspectos más destacados de esta legislación son los nuevos umbrales establecidos para definir la evasión fiscal. Con un mínimo de 100 millones de pesos para la evasión simple y 1.000 millones para la evasión agravada, las cifras que anteriormente consideraban delito se han ajustado notablemente. Además, el plazo de revisión de cuentas se redujo de cinco a tres años, limitando así la capacidad del Estado para ejercer su fiscalización. Este cambio no solo facilita el blanqueo de bienes, sino que también ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia en las actividades financieras y su potencial vinculación con el crimen organizado.
En el aspecto práctico, la Ley de Inocencia Fiscal introduce un nuevo sistema de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, destinado a aquellos con ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos. A partir de ahora, el cálculo del impuesto se basa en la facturación directa y la recopilación de datos recaerá en la agencia recaudadora, lo que alivia la carga administrativa sobre los contribuyentes. Sin embargo, este proceso también ha generado críticas, dado que elimina la obligación de los beneficiarios de rendir cuentas sobre sus gastos y activos del año anterior, lo que podría abrir la puerta a abusos y a una mayor opacidad en las finanzas personales.
