El Juez Federal Ordena Claridad sobre los Fondos del Sistema Vial Integrado
Recientemente, el juez federal de Victoria, Federico Martín, ha dado un paso significativo al ordenar al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que en un plazo de tres días presenten un informe sobre el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Esta decisión surge en medio de una creciente tensión entre el gobierno nacional y los legisladores de oposición, tras la admisión de un recurso de amparo presentado por representantes del peronismo en Entre Ríos. Con esta medida, el juez busca desentrañar el uso de los fondos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial, en un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.
Los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay han denunciado un posible mal uso de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, destinados, según la ley, a la infraestructura vial. Argumentan que una parte significativa de esos recursos ha sido desviada hacia inversiones financieras, en lugar de ser utilizados para el mantenimiento y desarrollo de las rutas del país. En particular, hacen hincapié en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Entre Ríos, donde se estima que el dinero acumulado desde enero de 2024 hasta mayo de 2026 supera los $1,5 billones, de los cuales menos del 25% se ha invertido en las obras correspondientes. Esta alarmante cifra no solo cuestiona la gestión de los fondos públicos, sino que también pone en riesgo la seguridad y el desarrollo de la infraestructura vial.
La controversia se agudiza en un contexto donde el gobierno del presidente Milei ha iniciado un plan de privatización de tramos de rutas, que, si bien busca mejorar la gestión de los recursos, no aborda el reclamo del amparo sobre el uso anterior de los impuestos. Los legisladores están preocupados por el deterioro de las rutas nacionales que no serán beneficiadas por estas concesiones, lo que deja a muchas comunidades en una situación vulnerable. La falta de atención a la infraestructura vial no solo puede comprometer la seguridad de los conductores, sino también poner en juego el desarrollo económico de diversas regiones que dependen de estas rutas.
