El pedido de juicio político a Hebe Casado: Un acto de justicia o un sobrepaso político
Un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) ha dado un paso significativo al presentar un pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado. Este pedido surge a raíz de sus polémicas declaraciones durante el Mundial 2026, en las que se refirió a la Selección de Francia como un “equipo africano flojo de modales”. Las palabras de Casado, consideradas racistas y xenófobas, han reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la promoción del respeto y la inclusión. Los denunciantes, liderados por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela y el exdiputado Juan Fernando Armagnague, argumentan que su comportamiento es un mal desempeño de sus funciones, lo cual podría configurar un desorden de conducta prohibido por el artículo 109 de la Constitución de Mendoza.
La presentación del juicio también se basa en fundamentos legales más amplios. En particular, los dirigentes de la UCR citan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Ley Nacional Antidiscriminatoria 23.592. Esto añade un matiz importante a la discusión, argumentando que no solo se trata de un desliz comunicacional, sino de un comportamiento que tiene implicaciones fácticas en la relación económica de Mendoza con Francia y la Unión Europea. En este contexto, se vislumbra el impacto que declaraciones de este calibre pueden tener en el ámbito internacional, especialmente en un mundo cada vez más atento a los derechos humanos y a la diversidad.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el camino hacia un juicio político efectivo parece complicado. Para que la iniciativa prospere, necesitaría el apoyo de dos tercios de los miembros en ambas cámaras, algo que parece poco probable dado que el oficialismo cuenta con la mayoría parlamentaria. De hecho, ya ha bloqueado otros intentos de repudiar las declaraciones de Casado, lo que pone en evidencia las divisiones políticas en juego. Además, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, ha declarado a Casado “persona non grata”, subrayando así las repercusiones diplomáticas que ha traído consigo este episodio. En medio de este clima tenso, el gobernador Alfredo Cornejo se vio obligado a presentar disculpas formales a la embajada francesa, resaltando la gravedad de la situación y la urgencia de restablecer los lazos diplomáticos.
