La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha puesto el foco en la apelación de las condiciones de su prisión domiciliaria, un tema que sigue generando controversia en el ámbito político y judicial argentino. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ha convocado una audiencia crucial para el 7 de julio a las 12:00 horas. En esta reunión, se revisarán aspectos clave que rigen las visitas permitidas a la ex mandataria, en medio de un clima de tensión social y legal. Un punto focal de esta controversia es la restricción impuesta por el Tribunal Oral Federal N°2, que limita las visitas solo a familiares cercanos, abogados y profesionales médicos, lo que la defensa considera no solo injusto, sino también una violación a su privacidad.
El abogado Carlos Beraldi, quien representa a Fernández de Kirchner, ha argumentado enérgicamente contra estas limitaciones. Según su equipo legal, la prohibición de recibir visitas de figuras públicas, amigos o simpatizantes se convierte en una traba injustificada que afecta el bienestar emocional y social de la ex presidenta. Aunado a esto, el Tribunal también ha ordenado el uso de una tobillera electrónica para monitorear su movimiento, una decisión que sigue generando críticas y cuestionamientos. El contexto es aún más complejo considerando que, el 17 de junio, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de seis años por administración fraudulenta, cumpliendo la sanción bajo estricto régimen de arresto domiciliario.
Este caso no solo está generando atención en el ámbito judicial, sino que ha movilizado a un amplio sector de la sociedad argentina. Hasta el momento, más de 700 ciudadanos, así como 44 diputados y 30 senadores, han solicitado permiso para visitar a la ex presidenta, sin haber recibido respuesta alguna. Esta falta de comunicación solo aumenta la expectativa sobre las decisiones que se tomarán en la audiencia del 7 de julio. Tras presentar sus argumentos, la Sala tendrá un lapso de cinco días hábiles para decidir si ratifican o revisan las condiciones de la detención domiciliaria, un veredicto que podría establecer un precedente importante para futuras condenas y la manera en que se aplican en casos políticos de relevancia en el país.
