Crisis sanitaria por fentanilo contaminado: una situación alarmante
Recientemente, el país se enfrenta a una crisis sanitaria debido a la contaminación de un lote de fentanilo que ha tenido graves consecuencias en la salud pública. Hasta la fecha, se han confirmado 90 casos de personas afectadas, de las cuales 52 lamentablemente han perdido la vida. A raíz de esta situación, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, ha decidido intervenir como querellante en el caso, buscando no solo justicia, sino también asegurar que se proteja la salud de la población. Este enfoque refleja un compromiso claro por parte del Estado en un contexto donde la salud colectiva está en riesgo.
El ministro de Salud, Mario Lugones, respaldado por su equipo jurídico, ha enfatizado la importancia de su participación en este proceso judicial. El objetivo del ministerio es contribuir al esclarecimiento de los hechos y fortalecer la respuesta institucional ante un evento sanitario de tan alta magnitud. Para ello, se han puesto a disposición de la Justicia diversos recursos técnicos, científicos y humanos. Esta colaboración tiene como propósito mejorar la producción de pruebas y el desarrollo de la investigación, reafirmando el interés legítimo del Estado en garantizar la salud pública en momentos de crisis.
La sustancia involucrada en esta tragedia, el fentanilo, fue administrada en 19 centros médicos de distintas provincias, incluidos Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. La gravedad de la situación es patente, ya que los pacientes, que recibieron este opiáceo bajo estricto control médico para el manejo del dolor, comenzaron a presentar cuadros infecciosos severos tras la administración del medicamento. El foco de la investigación se centra en dos lotes específicos de fentanilo que ya se encuentran fuera de circulación, tras las alertas sanitarias emitidas, y que iniciaron un debate urgente sobre la seguridad y supervisión de los fármacos en el país.
