La declaración judicial y su impacto en las pensiones por discapacidad
El pasado viernes, el Juzgado Federal 2 de Catamarca, bajo la dirección del juez Guillermo Díaz Martínez, emitió un fallo que podría cambiar el panorama para miles de titulares de pensiones por discapacidad en la provincia. Esta decisión, histórica y momentánea, ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución inmediata de las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas recientemente. En un contexto de políticas de austeridad cada vez más agresivas, esta medida busca proteger a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, exigiendo no solo la reactivación de los pagos, sino también el abono de las sumas retenidas a los beneficiarios.
El ajuste y sus consecuencias
La controversia en torno a esta medida surge en un clima de tensión social, exacerbado por el ajuste fiscal implementado por el actual gobierno de Javier Milei. Las suspensiones de pensiones por discapacidad, que muchos consideran arbitrarias y masivas, fueron objeto de intensas críticas. Varios ciudadanos y entidades, incluyendo la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, interpusieron un amparo para enfrentar lo que consideran un ataque a derechos fundamentales. En este sentido, se pone el foco sobre el Decreto 843/2024, que impone requisitos difíciles de cumplir, violando principios de accesibilidad que deberían garantizarse a personas con discapacidad.
Irregularidades en las auditorías
Durante una conversación con C5N, el juez Díaz Martínez expuso las irregularidades encontradas en las auditorías que llevaron a la suspensión de las pensiones. Desde la falta de notificaciones adecuadas hasta una logística deficiente, estas irregularidades crean obstáculos adicionales para un grupo ya vulnerable. El juez argumentó que la situación se estaba volviendo insostenible para los beneficiarios, quienes no podían esperar indefinidamente por respuestas claras. La orden judicial, por tanto, no solo responde a un requerimiento legal, sino que representa una llamada de atención sobre la necesidad urgente de revisar las políticas gubernamentales en materia de discapacidad, advirtiendo sobre el impacto perjudicial que estas pueden tener en la vida de muchas personas en la provincia.
