La Capacitación y la Disciplina en la Administración Pública de Río Negro
En la provincia de Río Negro, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con los principios de responsabilidad y eficacia en la administración pública. En este sentido, la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, ha mencionado que el objetivo es construir una administración eficiente, basada en reglas claras y tolerancia cero ante las faltas graves. Desde el comienzo de 2026, se han aplicado dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos, un indicador del cambio de enfoque en el manejo de relaciones laborales dentro del sector público.
Un Proceso Administrativo en Marcha
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta de Disciplina ha sido clave en el análisis de más de 1,000 expedientes administrativos, lo que ha permitido duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores. Como resultado, desde el inicio de esta gestión, se registran 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Estos números reflejan el dinamismo del proceso y la búsqueda de una gestión más efectiva, enfocándose en la meritocracia y la ética en el servicio público.
Sanciones y Procedimientos: Un Marco Legal Estricto
Las sanciones impuestas varían en gravedad y se dividen en diferentes categorías, dependiendo del incumplimiento. Por ejemplo, la cesantía, que implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingreso por cinco años, es aplicable en casos de acumulación de sanciones previas o abandono de servicio. En los casos más serios, la exoneración se traduce en una expulsión definitiva e inhabilitación para trabajar en el Estado, reservada para delitos dolosos con condena penal firme. Todo este proceso es riguroso y transparente, comenzando con la investigación de las faltas por instructores especializados y culminando en la evaluación y resolución por parte de la Junta de Disciplina, que cuenta con representantes del Poder Ejecutivo y de organizaciones gremiales como ATE y UPCN.
Con estos esfuerzos, el Gobierno de Río Negro se propone redefinir la ética y la efectividad en el servicio público, buscando un impacto tangible en la calidad de atención a la ciudadanía.
