Francisco Adorni y su Rectificación: Un Escándalo que Sacude la Política
Francisco Adorni, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y hermano del Jefe de Gabinete, se encuentra en el ojo de la tormenta tras rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. La nueva presentación incluye una herencia de 21 millones de pesos, la cual fue sumada a la documentación formal, pero sin ofrecer claridad sobre su origen. Este movimiento llega en un contexto muy delicado, ya que Adorni está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, una causa que está bajo la supervisión del fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello. La situación se complica aún más al revelar que su hermano, Manuel Adorni, enfrenta acusaciones similares, lo que eleva las sospechas sobre la transparencia de su entorno familiar.
La modificación en la declaración de Adorni no se limita solo a la herencia. También surgieron cambios significativos relacionados con su situación crediticia. Inicialmente, había declarado la cancelación de un crédito hipotecario de 70 millones de pesos, pero ahora afirma que mantiene una deuda de 57 millones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). Esta contradicción ha levantado inquietudes sobre cómo sus ingresos podrían sustentar una cancelación tan drástica, especialmente dadas las implicancias de tales afirmaciones en el contexto del escándalo que lo rodea.
Además de las correcciones relacionadas con las deudas, Adorni actualizó el valor de su patrimonio personal, incluyendo la venta de un vehículo y la compra de otro por la cifra considerable de 10,7 millones de pesos. También ajustó el valor de su vivienda familiar en City Bell, la cual ahora se estima en 67,5 millones de pesos, en vez de los 38,7 millones que había declarado en 2024. En respuesta a estas irregularidades, el juez Sebastián Casanello ha ordenado levantar el secreto fiscal y bancario del legislador, lo que permitirá a la Justicia examinar en detalle su evolución patrimonial desde su ingreso a la administración pública nacional en 2024. La investigación también se adentra en los movimientos financieros de su entorno familiar, un indicio de la complejidad del caso que podría tener repercusiones significativas en la política argentina.
