La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social. Este cambio apunta a restringir el acceso al subsidio de gas natural en diversas regiones del país, limitando la bonificación plena únicamente a ciertos lugares, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, el beneficio que desde 2021 venían disfrutando muchos hogares se verá reducido. Según las estimaciones, alrededor de 1,6 millones de familias podrían perder el subsidio automático, lo que provoca un gran alivio en las arcas del Estado pero, a su vez, incrementa la preocupación entre los ciudadanos que dependen de este apoyo.
El debate no ha estado exento de controversias. La votación final se realizó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, mostrando una clara división entre el oficialismo y la oposición. Este último grupo ha acusado al Gobierno de implementar un “tarifazo” disfrazado en medio de la crisis energética que se intensifica en invierno. Particularmente, en provincias como Córdoba, se estima que más de 680,000 usuarios perderán su beneficio automático, generando críticas sobre el impacto en la clase media. En ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, también se han escuchado voces de alerta sobre cómo estas modificaciones afectarán directamente a miles de familias, que podrían enfrentar aumentos en sus facturas de gas de hasta un 100%.
La reforma visibiliza un cambio significativo en el enfoque gubernamental ante la crisis energética. En la mayoría de las provincias afectadas, el subsidio ahora estará destinado solo a aquellos hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) y a quienes estén incluidos dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este recorte no solo limitará el número de beneficiarios, sino que además la reducción ya no se aplicará a la factura total, sino que esta solo será sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esto genera inquietud sobre cómo estas medidas impactarán en la vida cotidiana de millones de argentinos, en un momento en que la situación económica ya es complicada.
