San Carlos de Bariloche – En un giro inesperado y polémico, la concejal Julieta Wallace logró bloquear este miércoles el tratamiento del veto dispuesto por el intendente Walter Cortés a tres ordenanzas municipales, en el marco de una comisión extraordinaria convocada de acuerdo a lo previsto en el reglamento interno.
La sesión, que había sido citada por el presidente del Concejo, Gerardo Del Río, cumpliendo con el plazo mínimo de 12 horas establecido por la normativa vigente, fue frenada tras una moción presentada por Wallace, quien alegó un supuesto accionar de “mala fe” por parte del oficialismo. Según argumentó, la ausencia justificada de una concejal de la oposición —Roxana Echenique— impedía que se alcanzaran los dos tercios necesarios para ratificar las ordenanzas vetadas por el Ejecutivo.
“La Comisión Extraordinaria no puede ser convocada sin consenso de los ediles, salvo que lo solicite el Ejecutivo”, afirmó Wallace. Sin embargo, el reglamento interno del Concejo faculta expresamente a su presidente a convocar este tipo de sesiones sin necesidad de acuerdo previo, siempre que se cumpla con el plazo de notificación correspondiente, lo que en este caso se respetó.
Del Río fue enfático al señalar que la legalidad de la convocatoria era incuestionable y que, en todo caso, cualquier objeción sobre la voluntad de una edil ausente debía ser expresada por ella misma. “No puede anularse una convocatoria legítima bajo presunciones políticas. Los mecanismos institucionales deben respetarse”, sostuvo.
Pese a ello, y con el apoyo de los bloques opositores, Wallace impuso su moción de volver el tratamiento a comisión, una maniobra que para algunos analistas constituye un obstáculo deliberado al normal funcionamiento del Concejo y a las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal. Desde sectores del oficialismo y aliados se habló directamente de un golpe institucional impulsado desde la oposición para evitar el debate legislativo sobre temas clave.
Entre las ordenanzas vetadas por el intendente Cortés —y cuyo tratamiento fue truncado— se encuentra el acuerdo extrajudicial con la empresa Navtour S.A., que prevé una compensación de 900 mil dólares y otros 90 mil en honorarios legales. También se pretendía debatir la derogación del régimen actual de prórrogas automáticas en concesiones públicas y una reasignación de fondos relacionados con el convenio provincial por la obra del puente Wiederhold.
Mientras desde el oficialismo reclaman el respeto al reglamento y cuestionan una estrategia de bloqueo político por parte de la oposición, desde los bloques opositores sostienen que se evitó una votación “forzada” y en “desventaja”.
El episodio reabre el debate sobre la legitimidad de las herramientas institucionales, el rol del reglamento interno y los límites del obstruccionismo político en el seno del deliberativo local.
