La Propuesta de la Legisladora Martina Lacour
El 11 de noviembre de 2026, la legisladora Martina Lacour presentó un ambicioso proyecto enfocado en la creación de un registro provincial para la seguridad privada. Esta iniciativa se propone establecer un marco normativo claro que defina un esquema de sanciones y la capacitación obligatoria para los actores del sector. En lugar de habilitar solo a las empresas, el proyecto busca certificar al personal individualmente. Además, destaca la necesidad de que la normativa nacional regule el uso de armas de fuego por parte de estos profesionales, lo que promete un enfoque más unificado y seguro para la seguridad en la provincia.
Un Régimen Único para la Seguridad Privada
Uno de los problemas actuales en la seguridad privada es la diversidad de regímenes jurídicos que coexisten. Empresas de vigilancia, instalación de alarmas, transporte de caudales, y servicios de seguridad interna operan bajo marcos legales desactualizados y confusos. La propuesta de Lacour pretende reemplazar este mosaico de normativas con un régimen único que se adapte mejor a la realidad actual. Según señala la legisladora, la Policía de Río Negro todavía se aferra a normas que ya han sido derogadas, lo que genera incertidumbre y dificulta la operativa del sector.
Criterios para la Habilitación y el Uso de Armas
La propuesta sugiere que todos los prestadores de servicio, incluidos directores técnicos y supervisores, deben inscribirse en el nuevo registro, que tendrá una vigencia de tres años. Un aspecto notable es que el documento enfatiza que “la existencia de una investigación penal o proceso judicial en trámite no constituye por sí sola causal de inhabilitación”, permitiendo que personas con antecedentes puedan seguir trabajando en el sector, siempre que no exista una condena firme. En cuanto al uso de armas, se establece que deberán atenerse a la legislación nacional, garantizando así un control más efectivo sobre su manejo. Finalmente, se exige que los servicios de monitoreo realicen una verificación previa de las alarmas antes de solicitar la intervención policial.
La relevancia de la seguridad privada como función complementaria es innegable, pero Lacour subraya que esta no puede reemplazar la responsabilidad del estado en la seguridad pública. Una normativa actualizada podría ofrecer un marco regulatorio claro y eficaz, alineado con las necesidades sociales y el ordenamiento jurídico existente.
