La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha dado un paso significativo al aprobar oficialmente su proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero del año 2027, que asciende a la impresionante cifra de 495.049.855.166 pesos. Este monto se ha enviado al Poder Ejecutivo para ser incluido en la ley general del Congreso, un procedimiento fundamental que asegura que se garantice el financiamiento adecuado para el sistema judicial del país. La Acordada 18/2026, la cual cuenta con la firma de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, no solo formaliza el presupuesto, sino que también exige la transferencia inmediata de los recursos económicos que han quedado remanentes de años anteriores, lo que demuestra la urgencia de asegurar la estabilidad financiera del Poder Judicial.
El desglose del presupuesto revela que una parte importante de la inversión se destinará al pago de salarios, con 401.735 millones de pesos destinados a gastos de personal. Esta cifra subraya el compromiso de la Corte con el bienestar de su equipo humano, lo que es esencial para el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Además, se contempla que la estructura de planta permanente se mantendrá con un total de 4.732 cargos públicos, de los cuales 641 dependerán del Tesoro Nacional para desempeñar funciones en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO). Este enfoque busca garantizar que, a pesar de las limitaciones económicas, se preserven los recursos humanos necesarios para atender la creciente carga judicial.
Por otro lado, el proyecto de presupuesto no solo está centrado en los salarios, sino que también incluye un plan integral para la infraestructura del Palacio de Justicia, un emblemático edificio que necesita urgentemente ser puesto en valor. Las mejoras propuestas abarcan desde la modernización de sistemas eléctricos hasta la restauración de fachadas y escaleras, con el objetivo de preservar este monumento nacional de cara al futuro. Los magistrados han manifestado que, aunque el presupuesto se ha diseñado con criterios de “prudencia y moderación”, hay un fuerte alerta en torno a que los límites actuales podrían poner en riesgo la autarquía financiera del Poder Judicial. Esto, a su vez, podría afectar el servicio de justicia en su conjunto, un aspecto crucial para el bienestar de la sociedad argentina.
