Amparo Judicial contra Camuzzi: Un Llamado a la Justicia
La Situación Crítica de Conexiones Domiciliarias de Gas
Desde hace años, aproximadamente 15.000 familias han enfrentado una situación crítica debido a la falta de nuevas conexiones domiciliarias de gas en la región. Esta problemática se ha presentado por la demora en la ejecución de las obras necesarias en el Gasoducto Cordillerano, un proyecto clave para garantizar el suministro de gas natural. Durante este tiempo, muchos usuarios se vieron obligados a recurrir a sistemas alternativos de calefacción, como el gas envasado y la energía eléctrica, enfrentando costos que oscilan entre 15 y 20 veces superiores a los del gas natural. Esto no solo ha generado una carga económica significativa para las familias, sino que también ha afectado su calidad de vida en un período donde la calefacción es esencial.
El Papel de CODEC y la Acción Judicial
Ante esta situación alarmante, CODEC (Cooperativa de Defensa del Consumidor) ha tomado acción judicial, impulsando un amparo ante la Justicia Federal para visibilizar el problema y exigir soluciones inmediatas. Según el presidente de CODEC, Pablo Chamatropulos, desde que iniciaron las gestiones hace cuatro años, su prioridad ha sido no solo restablecer el servicio de gas, sino también defender el bolsillo de los afectados. “Ya logramos el primer paso, ahora vamos por el resarcimiento económico a 15.000 familias”, aseguró Chamatropulos, enfatizando la necesidad de una solución justa para todos los perjudicados.
Convocatoria a los Afectados: Procesos y Documentación
En este marco, CODEC hace un llamado a todos los usuarios que se sientan afectados a acercarse y presentar la documentación necesaria para su incorporación a la acción judicial. En los próximos días, se brindarán detalles sobre los canales de recepción de documentación y los puntos de atención para el asesoramiento de quienes deseen formar parte del reclamo colectivo, que actualmente se encuentra en etapa final de preparación y busca un resarcimiento estimado en 300.000 millones de pesos. Esta es una oportunidad crucial para que las familias afectadas se unan y hagan valer sus derechos, fortaleciendo así el reclamo por una situación que ha perdurado demasiado tiempo sin solución.
