Avances en la Digitalización de la Venta de Activos Públicos
El reciente anuncio del gobierno argentino sobre la digitalización de la venta de activos públicos marca un cambio significativo en la gestión de bienes del Estado. Este paso se enmarca dentro de una necesidad urgente de promover la transparencia y agilidad en los procesos gubernamentales. Hasta ahora, el método tradicional para la venta de bienes muebles, que incluía largos procedimientos y escasa eficiencia, había sido criticado por su lentitud, generando no solo pérdidas económicas, sino también un deterioro en los activos que permanecían en depósitos por tiempo prolongado. La implementación de la Resolución 120/26 subraya este compromiso del gobierno actual, liderado por Javier Milei, de modernizar y optimizar la administración pública.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), bajo la dirección de Tania Yedro, está a cargo de poner en marcha este ambicioso proyecto. Se busca colaborar con empresas tecnológicas para obtener el software necesario que facilite las subastas a través de plataformas digitales. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha destacado la importancia de aprender de experiencias exitosas ya implementadas en otros países como Brasil y Chile. La idea es que el uso de modelos digitales, que pueden ser totalmente privados o mixtos, no solo mejore la gestión interna, sino que también propicie una mayor participación y competitividad en la licitación de bienes del Estado.
Con la introducción de la Resolución 111/2026, el gobierno también amplía la posibilidad de venta directa de ciertos activos que no superen un valor específico. Esta flexibilización permitirá que, si un bien no se adjudica en dos rondas de subasta, su venta se realice de manera más rápida, siempre que haya un interés genuino de diferentes ofertantes. Es un movimiento que combina la necesidad de eficiencia con la garantía de un control riguroso por parte de la AABE, que se encargará de asegurar que toda la documentación y titulación se maneje de manera correcta, evitando que errores administrativos obstaculicen el proceso. En este contexto, los cambios no solo buscan resolver problemas del pasado, sino también establecer un nuevo estándar de transparencia y agilidad en la venta de activos del Estado.
