Rescisión del Convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad Bariloche
Desde el 1° de septiembre, Bariloche dará un giro inesperado en la gestión del servicio de alumbrado público al rescindir el convenio que mantenía con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) desde 1988. La resolución oficial, número 2415-I-2026, sostiene que fue necesario poner término a un acuerdo que se prorrogó de manera automática durante más de 37 años, a pesar de que originalmente tenía una duración de solo cinco. Según el municipio, la decisión busca recuperar titularidad y una gestión íntegra del servicio, aunque se garantiza que la CEB seguirá siendo responsable de la recaudación de la Tasa por Alumbrado Público. Esta medida generó un fuerte rechazo por parte de la CEB, que la considera ilegal y ya ha iniciado acciones judiciales.
Las tensiones entre ambas entidades aumentaron cuando la municipalidad solicitó rendición de cuentas sobre los fondos destinados al servicio, un pedido que, según el municipio, fue ignorado por la CEB en varias ocasiones. La cooperativa, en cambio, sostiene que esos recursos no requieren justificación porque corresponden a una suma fija. Este desacuerdo culminó en la decisión del Ejecutivo de rescindir el convenio, lo cual, según el presidente de la CEB, Alejandro Pozas, presenta un problema de base al no haber seguido el procedimiento adecuado para cambiar una ordenanza. Pozas afirma que la resolución es jurídicamente improcedente, lo que demuestra la complejidad del conflicto.
Además, Pozas destaca que esta situación podría dejar a Bariloche en una situación vulnerable respecto al servicio de alumbrado público. Asegura que los costos del servicio han aumentado considerablemente, especialmente tras la eliminación de subsidios nacionales. La CEB ha llevado a cabo una fuerte inversión en el recambio de luminarias LED, pero ahora se enfrenta a un desajuste tarifario que amenaza su capacidad para mantener el servicio de manera eficiente. La cooperativa insiste en que ha entregado toda la documentación solicitada y que su gestión ha funcionado adecuadamente, dejando claro que el debate es mucho más que un simple desacuerdo administrativo; es, en esencia, una cuestión económica que afecta la calidad del servicio en Bariloche.
