El Debate sobre la Ley de Tierras en Río Negro
El debate sobre la modificación de la Ley de Tierras ha tomado un nuevo impulso tras la decisión de posponer su discusión en el Senado hasta el próximo 6 de agosto. En este contexto, la legisladora Magdalena Odarda ha expresado su preocupación y cuestionamiento a esta iniciativa. Según Odarda, el proyecto en discusión implícitamente deroga las restricciones actuales, eliminando el 15% de cupo para la venta de tierras a extranjeros, lo que podría abrir las compuertas para que tanto personas jurídicas como humanas extranjeras adquieran tierras estratégicas en la provincia. Esta preocupación se hace aún más relevante dado que muchas de estas tierras contienen cuerpos de agua dulce y se ubican en zonas de frontera.
Argumentos a Favor y en Contra de la Modificación
Los promotores de la modificación argumentan que facilitar la venta de tierras a extranjeros podría generar inversión y, por ende, más empleo y desarrollo. Sin embargo, Odarda contradice esta premisa al señalar que, bajo la legislación actual, ni siquiera se ha alcanzado el 6% de tierras ocupadas por extranjeros. La legisladora resalta que muchas adquisiciones se realizan a través de testaferros, lo que dificulta la transparencia en la compra de tierras. “La pregunta a hacerse es por qué se quiere modificar una ley que, hasta ahora, no ha sido un obstáculo para la inversión”, enfatizó. A su juicio, esto indica que hay intereses ocultos detrás de la propuesta, particularmente en zonas cordilleranas, que son altamente deseables por su paisaje y recursos hídricos.
La Protección de Recursos Naturales en Riesgo
Uno de los puntos más críticos que aborda Odarda es la protección de los recursos naturales en Río Negro, especialmente en la zona cordillerana, que además forma parte de la reserva de biósfera de la UNESCO. Según la legislación vigente, las aguas superficiales y subterráneas son propiedad del pueblo de Río Negro y no de particulares o estados extranjeros. “Se está intentando abrir las puertas para que las tierras de nuestra provincia se integren al mercado internacional, lo cual resultaría en que estados extranjeros pudieran comprar hasta la mitad de la provincia”, advierte. Odarda estima que actualmente hay más de 70,000 hectáreas en manos de estados foráneos, llamando a investigar esta dinámica y desentrañar la trama empresarial involucrada.
La complejidad de este asunto no termina ahí; Odarda también ha observado que, a pesar de la prohibición de compra de tierras por parte de estados extranjeros que se respeta en el borrador actual, el riesgo de presiones políticas por parte del gobierno hacia ciertos gobernadores podría alterar la situación. A su juicio, esta práctica sería lesiva para la democracia, recordando casos anteriores como la modificación de la Ley de Glaciares.
