La Nueva Legislación sobre Inteligencia Artificial en Río Negro
El proyecto de ley que busca establecer una Evaluación de Impacto Algorítmico (EIA) fue presentado por la legisladora provincial Martina Lacour y un grupo de parlamentarios que incluye a Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich. Esta iniciativa nace con el objetivo de asegurar que la automatización y el uso de inteligencia artificial no comprometan derechos ciudadanos fundamentales. Lo que se plantea no es un freno a la innovación tecnológica, sino más bien una regulación que reconoce los distintos niveles de riesgo asociados a la aplicación de estas herramientas. Se categorizarán en escalas de mínimo, limitado, alto o inaceptable, dependiendo de su impacto en la vida de las personas.
Protección de Derechos y Supervisión Humana
Un aspecto destacado de esta propuesta es la garantía de la supervisión humana. El texto explica que ninguna decisión administrativa que pueda tener un impacto negativo en un ciudadano podrá basarse únicamente en recomendaciones de una IA. Se requerirá siempre una fundamentación y una verificación llevada a cabo por un funcionario humano. Además, se especifica la prohibición de usos que puedan comprometer la privacidad y la dignidad de las personas, como la vigilancia indiscriminada, el reconocimiento facial y el uso de análisis predictivos en la imposición de sanciones.
Regulaciones para el Futuro
En el ámbito de la contratación estatal, el Estado rionegrino no podrá emplear sistemas de empresas que impidan auditorías aduciendo “secreto comercial”. Asimismo, se prohibirá a estas empresas utilizar datos de la ciudadanía rionegrina para el entrenamiento de sus modelos comerciales. En cuanto al uso diario de herramientas de inteligencia artificial generativa en el ámbito público, el proyecto regula con firmeza el ingreso de datos personales o de información reservada en plataformas no autorizadas. Si la propuesta es aprobada, los sistemas de IA actualmente en uso tendrán un plazo de 180 días para registrarse y 365 días para cumplir con las nuevas exigencias de impacto y seguridad.
