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Controversial propuesta de Alejandra Monteoliva: solicita reducir la edad de imputabilidad a 12 años.

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La Voz Firme de la Ministra: Impulso a la Reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina

La reciente declaración de la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha reavivado un debate crucial en Argentina sobre la edad de imputabilidad en el marco del régimen penal juvenil. En un contexto político cada vez más tenso, Monteoliva ha abogado por la reducción de esta edad, argumentando que la legislación actual deja al país desfasado en comparación con normativas internacionales. “Argentina necesita avanzar hacia una legislación más rigurosa”, afirmó, resaltando que la situación actual no solo es desactualizada, sino también inadecuada para enfrentar los nuevos desafíos del crimen juvenil. Actualmente, el proyecto que se discute propone establecer la imputabilidad a partir de los 13 años, aunque la ministra considera que lo más apropiado sería discutir su implementación entre los 12 y 13 años.

Monteoliva no es la única en buscar este cambio. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se ha sumado a la causa, enfatizando la necesidad de una reforma urgente en un sistema que ha quedado atrás. Ambos funcionarios enfatizan que el régimen penal juvenil actual no hace justicia ni a los menores infractores ni a las víctimas de delitos cometidos por ellos. Con un panorama delictivo que ha cambiado drásticamente desde la década de 1980, argumentan que se requiere un marco legal más adaptado a las realidades contemporáneas. “La cobertura actual no refleja las dinámicas del crimen juvenil”, sostiene Cúneo Libarona, destacando la importancia de que el sistema responda de manera efectiva ante la creciente actividad delictiva.

El proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil será discutido durante las sesiones extraordinarias del Congreso, y Monteoliva ha expresado su agradecimiento por esta oportunidad. En este contexto, ambos ministros hacen un llamado a la acción conjunta, buscando establecer consensos en el ámbito político para modernizar la legislación y enfrentar la impunidad que persiste en delitos cometidos por menores. A medida que se aproxima el debate, se vislumbran fricciones en el espectro social y político, reflejando la complejidad de un tema que toca fibras sensibles en la sociedad argentina. Con la mira puesta en la reforma del sistema penal, el Gobierno pretende alcanzar un equilibrio entre justicia y una adecuación legal que responda a las necesidades del siglo XXI.

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