Agenda Legislativa de Febrero: Proyectos Clave Impulsados por el Gobierno
Hoy, en un ambiente de coordinación y diálogo, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir los proyectos que se llevarán al Congreso durante las sesiones extraordinarias programadas para febrero. Este encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reunió a figuras clave como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien participó de manera virtual, y ministros como Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía). La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo también formaron parte de esta discusión, que promete ser fundamental para una agenda legislativa ambiciosa.
Uno de los ejes centrales que el oficialismo ha decidido priorizar son la reforma laboral y los cambios a la Ley Penal Juvenil, con miras en una posible disminución de la edad de imputabilidad. Este enfoque se acordó en una reunión previa a la de hoy, donde quedó claro que el Gobierno busca avanzar en reformas que no solo impacten el ámbito laboral, sino que también aborden cuestiones sociales complejas como la justicia juvenil. La senadora Patricia Bullrich, quien ha liderado conversaciones con los presidentes de bloque de las bancadas dialoguistas, destacó que existe un consenso firme en torno a la reforma laboral, a pesar de algunos reclamos pendientes de legisladores que buscan ajustar el proyecto.
Además de los mencionados temas, la agenda podría ampliarse para incluir la modificación de la Ley de Glaciares. A medida que la situación en la Patagonia se torna crítica por los incendios forestales, Bullrich también mencionó que se podría introducir la discusión sobre la Emergencia Ígnea. Este aspecto es particularmente relevante, ya que los incendios en el sur han acaparado la atención mediática y pública, reflejando la urgencia de abordar problemas ambientales en la legislación. La creación de un marco que contemple estos desafíos ambientales se alinea con las preocupaciones de la ciudadanía y podría marcar un avance significativo en la responsabilidad ecológica del Gobierno.
