La sentencia de la Corte de Justicia de San Juan
La Corte de Justicia de San Juan ha tomado una decisión contundente al confirmar la condena de la odontóloga María Romina Pellice, protagonista de un caso de mala praxis que ha dejado secuelas profundas en un niño de cinco años. El incidente sucedió en 2017, cuando el menor, llevado por su madre al servicio de odontopediatría del Hospital Rawson por un cuadro de dolor dental y fiebre, fue derivado a un centro privado tras recibir un tratamiento inicial. Sin embargo, fue en una consulta posterior con la odontóloga donde se desató el problema: ante un problema en una muela, Pellice procedió a extraer 12 dientes sin consentimiento de los padres, lo que dio inicio a una causa judicial que ahora, tras años de espera, ha llegado a su desenlace.
El procedimiento, que debía ser breve, se alargó hasta aproximadamente una hora. Este tiempo excedido no solo ha sido motivo de cuestionamiento, sino que también ha tenido serias repercusiones en la salud del niño, afectando no solo su bienestar físico, sino también su desarrollo emocional y social. Las consecuencias de esta acción irresponsable fueron graves, incluyendo alteraciones en su alimentación y su relación con otros niños. Las secuelas quedan patentes, y el caso se convirtió en un claro ejemplo de lo que implica actuar sin la debida autorización de los padres y sin la consideración necesaria hacia el bienestar del menor.
En marzo de 2025, la Justicia falló en contra de la odontóloga, condenándola a un año de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para ejercer su profesión. Esta decisión se tomó en base a la imprudencia profesional que caracterizó su actuar. La reciente confirmación del fallo por parte del máximo tribunal provincial, tras el rechazo a un recurso presentado por la defensa, refuerza la postura de que la ética y la legalidad deben primar en el ámbito médico. Este caso, que ha resonado en la comunidad, plantea importantes reflexiones sobre la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud al actuar y la necesidad de garantizar un consentimiento informado en todos los procedimientos.
