(Con información de GNR) La situación de las rutas nacionales **22** y **151** en Río Negro y Neuquén ha sido objeto de preocupación por parte de la **Federación de Productores de Fruta**. En un comunicado reciente, la Federación remarcó la necesidad de una solución definitiva, ya que el deterioro de estas calzadas representa un riesgo significativo para la seguridad vial. Además, subrayaron el impacto negativo en la producción y logística, lo cual incrementa los costos operativos para quienes dependen de estas rutas para la actividad frutícola del **Alto Valle** y el **Valle Medio**. Los tiempos de traslado se han alargado, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible y desgaste de los vehículos.
Los productores expresaron que la calidad de la fruta también se ve afectada debido a los golpes ocasionados por los pozos en las rutas. Esto añade un costo adicional que impacta en una actividad ya de por sí golpeada por dificultades estructurales. La **Ruta 22**, que funciona como uno de los principales corredores económicos, es esencial para la circulación diaria de trabajadores, insumos y maquinaria desde las chacras hacia los centros de consumo y exportación. Asimismo, la **Ruta 151** conecta **Río Negro**, **Neuquén** y **La Pampa**, y ha visto un incremento en el transporte pesado ligado al desarrollo energético de la región, lo que agrava aún más la situación.
El conflicto se complica por el desacuerdo entre el **Gobierno Nacional** y las provincias respecto al mantenimiento y al posible traspaso de las rutas, que ha generado demoras en las soluciones. La Federación subrayó que, si bien se discuten estos traspasos, la responsabilidad de mantenimiento recae en **Vialidad Nacional**. Asimismo, solicitaron que los recursos del impuesto a los combustibles, estipulados en la **Ley 23.966** y el **Decreto 976/2001**, sean canalizados hacia el **Sistema Vial Integrado (SisVial)**, el fondo que financia las obras necesarias para el mantenimiento de estas rutas. Los productores hicieron hincapié en que cumplen con sus obligaciones tributarias y exigen que el Estado haga lo propio en cuanto a la ejecución de los recursos destinados a infraestructura vial. Concluyeron que la solución debe ir más allá de reparaciones superficiales y requiere una recuperación estructural real.
