El Poder Ejecutivo, bajo la dirección del presidente Javier Milei, ha presentado un proyecto legislativo ante la Cámara de Diputados que busca modificar drásticamente el régimen de la “zona fría”. Esta iniciativa no es solo un ajuste geográfico, sino que introduce criterios socioeconómicos para determinar quiénes recibirán beneficios por las bajas temperaturas en ciertas regiones. Durante la gestión anterior, el régimen se amplió considerablemente, beneficiando a una variedad de localidades más allá de las tradicionales, como la Región Patagónica y partes de Mendoza. El nuevo enfoque del gobierno es cuestionar la validez de estas expansiones, argumentando que se han desvirtuado los principios originales, lo que ha llevado a un incremento significativo en los costos fiscales.
El proyecto está respaldado por figuras clave del gabinete, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que le otorga un peso adicional a la propuesta. La administración de Milei sostiene que es necesario establecer criterios más acertados y justos para la asignación de subsidios, dirigidos únicamente a aquellos que realmente lo necesiten. Algo notable de la propuesta es la introducción del Subsidio Energético Focalizado (SEF), que contemplará circunstancias socioeconómicas específicas de las familias, ajustadas a los ingresos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto significa que el 50% de subsidio se mantendrá para las áreas geográficas tradicionales, pero otras localidades que se beneficiaron de la extensión de 2021 serán re-evaluadas bajo este nuevo enfoque.
Adicionalmente, el proyecto busca fomentar la inversión en energías renovables. Establecerá una prórroga importante para incentivos en este ámbito, al mismo tiempo que revocará ciertas normativas relacionadas con la promoción de hidrocarburos. Este incentivo por las energías limpias se extenderá hasta diciembre de 2045, lo que podría tener un impacto considerable en la transición energética del país. Importante mencionar es que la reforma garantiza que los derechos adquiridos por actores del sector energético a través de proyectos ya aprobados no se verán comprometidos. En conjunto, estos cambios representan un intento de equilibrar el uso responsable de los recursos públicos con la necesidad de atender las demandas sociales en un contexto económico desafiante.
