La propuesta del PRO: Modificación a la Ley 27.156
El PRO ha presentado una iniciativa legislativa que busca modificar la Ley 27.156, promulgada en 2015, una normativa que ha sido fundamental en la lucha contra la impunidad en Argentina. Esta ley prohíbe a los condenados por delitos de lesa humanidad recibir indultos, amnistías o conmutaciones de penas, un hito en un país que ha vivido una historia compleja y dolorosa en relación a los derechos humanos. La nueva propuesta tiene como objetivo ampliar esta prohibición a funcionarios y exfuncionarios condenados por delitos graves contra la administración pública, un intento de cerrar la puerta a lo que muchos consideran una forma de eludir la justicia.
La motivación detrás de esta modificación no es casual. Recientes condenas, entre ellas la de la expresidenta Cristina Kirchner, han encendido el debate sobre el uso del indulto presidencial en casos de corrupción. La diputada Silvana Giudici, quien lidera esta propuesta, sostiene que el indulto puede ser una herramienta peligrosamente manipulable. "Queremos asegurar que ningún funcionario vuelva a refugiarse en el indulto para evadir sus responsabilidades legales", afirmó en una reciente sesión en la Cámara de Diputados. Su postura refleja una creciente preocupación por la erosión de la confianza en las instituciones, un problema que, según ella, es tan dañino como los crímenes de lesa humanidad.
El apoyo a esta iniciativa dentro del PRO es notable, con figuras clave como María Eugenia Vidal y Sofía Brambilla manifestando su respaldo. Estos legisladores no solo destacan la importancia de la medida sino que también subrayan su compromiso con la lucha contra la corrupción, a la que consideran una prioridad apremiante para restaurar la confianza pública en el sistema político. En este contexto, la modificación de la Ley 27.156 se presenta no solo como un cambio legal, sino como una declaración de principios que busca reforzar el Estado de derecho en Argentina.
