Investigación en curso sobre contratos de la consultora +BE
Recientemente, el juez federal Ariel Lijo ha instado a tres empresas vinculadas al Estado nacional a entregar información sobre los servicios que han recibido de la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta medida responde a una investigación que busca determinar si ha existido un direccionamiento irregular en los contratos entre la consultora y las empresas contratistas, lo que podría implicar un uso indebido de fondos públicos. Las firmas en cuestión son Datco, National Shipping y Foggia Group, cada una con sus respectivos vínculos contractuales con entidades estatales como AySA, YPF y la concesión de Tecnópolis.
La atención se centra en los detalles de la facturación y las operaciones comerciales entre estas empresas y +BE. Datco, por ejemplo, tiene contratos con importantes organismos como ARCA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping se ha consolidado como contratista de YPF, lo que añade una capa de complejidad debido al rol de Adorni en dicha empresa. Por su parte, el Grupo Foggia está directamente relacionado con la gestión de Tecnópolis, lo que plantea interrogantes sobre cómo se han adjudicado estos contratos. La diputada nacional Marcela Pagano es quien formuló la denuncia que dio origen a esta investigación, centrándose en la posibilidad de que Angeletti haya obtenido favores irregulares por parte del Gobierno.
Esta investigación no solo concierne a los contratos de +BE, sino que también se entrelaza con otras indagaciones que afectan a Manuel Adorni. Actualmente, el fiscal Gerardo Pollicita está llevando a cabo un caso por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Al mismo tiempo, se analizan otros temas como un viaje familiar a Punta del Este y relaciones comerciales con el periodista Marcelo Grandio. La presencia de Adorni como director titular de YPF desde enero de 2026 agrega relevancia a este entramado, intensificando la mirada sobre los vínculos de National Shipping con la empresa estatal. La justicia ha solicitado a diversas instituciones que colaborem con la investigación para aclarar estos puntos y conocer más sobre los beneficiarios finales de estas contrataciones públicas.
