Prohibición de Dispositivos Móviles en Penalidades: Un Nuevo Enfoque en la Legislación de Río Negro y Chubut
La reciente iniciativa presentada en la Legislatura de Río Negro marca un hito en la regulación del uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios. Este proyecto, impulsado por el legislador César Domínguez de “Primero Río Negro”, busca prohibir de manera explícita el ingreso, la tenencia y la utilización de teléfonos móviles y tablets por parte de personas privadas de libertad. La motivación detrás de esta medida es clara: desarticular las organizaciones delictivas que operan desde las celdas y proteger a la ciudadanía de delitos graves como estafas, extorciones y secuestros. La propuesta establece que toda comunicación deberá realizarse a través de un sistema controlado y mediado, restringida a horarios específicos, y tendrá una duración máxima de cinco minutos. Este enfoque no solo busca limitar el acceso al internet, sino que también pone énfasis en un control riguroso sobre los canales de comunicación.
La situación en Chubut sigue una línea similar, donde la Legislatura aprobó el 9 de abril una ley que también prohíbe el uso de dispositivos móviles en las cárceles. Esta normativa se alinea con la ley nacional vigente y responde a la necesidad de proteger la seguridad pública. Al igual que en Río Negro, se introducirán métodos de comunicación regulados para garantizar que los internos mantengan su derecho a comunicarse, pero sin comprometer la seguridad ni facilitar actividades delictivas. Este sistema controlado tiene como fin evitar que los teléfonos móviles sean utilizados como herramientas para organizar delitos desde dentro de las prisiones, haciendo hincapié en que la restricción no constituye una violación de derechos, sino una medida necesaria para salvaguardar a la sociedad.
En términos de implementación, el Ministerio de Seguridad y Justicia tendrá la responsabilidad de garantizar el bloqueo de señales de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. También se introducirá un protocolo para que quienes reciban llamadas de internos sean informados de su procedencia y tengan la opción de denunciar cualquier irregularidad. La estrategia aboga por equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos, asegurando que la comunicación sea administrada de modo que no se convierta en una vía para el delito. Este enfoque legislativo responde a un contexto más amplio en el que se busca configurar un sistema penitenciario más seguro y menos permeable a la delincuencia organizada.
