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Cortés sugiere un pase a Catedral de $160.000, pero cuestionan su autoridad para establecer la tarifa.

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La polémica por el precio del pase de esquí en Bariloche

Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina, Bariloche se encuentra en plena anticipación al inicio de la temporada de esquí en el cerro Catedral, el centro invernal más emblemático de Sudamérica. Sin embargo, lo que debería ser una celebración del deporte y la temporada turística se ha visto empañado por la controversia en torno al precio del pase de esquí, que el intendente Walter Cortés propone fijar en 160 mil pesos, un aumento significativo respecto al año anterior. Desde el directorio del Ente Autárquico Municipal Fiscalizador de la Concesión del Cerro Catedral (Eamcec), se cuestiona esta propuesta, argumentando que podría considerarse una “imposición” y que el intendente no tiene la facultad legal para establecer dicha tarifa.

La situación no es sencilla. Bariloche, famosa por su belleza natural y sus oportunidades para la práctica de deportes de invierno, también enfrenta desafíos. Tras un invierno 2025 marcado por la escasez de nieve, el intendente ha manifestado la necesidad de estructurar una oferta atractiva para atraer a los turistas, especialmente ante la posibilidad de un clima desfavorable nuevamente. “Si ven el extendido, notarán que este año no va a nevar mucho, por eso tenemos que hacer una oferta para que el turista venga”, afirmó Cortés, resaltando la importancia de captar visitantes para sostener la economía de la región. Sin embargo, muchos se preguntan si un aumento de precios es la solución adecuada.

La voz disonante en esta discusión proviene del concejal Leandro Costa Brutten, quien defiende que la fijación de tarifas corresponde a la empresa concesionaria, Capsa, y no al intendente ni al Eamcec. Costa Brutten subraya que el rol del ente es evaluar propuestas y justificaciones, y no aceptar una cifra arbitraria. Adicionalmente, apunta a los riesgos que la administración municipal podría enfrentar si se acepta una imposición unilateral. En este contexto, es vital que las decisiones se tomen dentro del marco de la legalidad y la sostenibilidad económica, considerando el impacto en la comunidad local y la industria turística en su conjunto.

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