La Deuda Acumulada del Gobierno y su Impacto en el Transporte de Larga Distancia
El reciente anuncio de la Cámara Empresaria de Ómnibus de Larga Distancia (CELADI) ha encendido la alarma sobre una situación financiera apremiante: el Gobierno de Javier Milei acumula una deuda de $27.000 millones, agravada por el retiro de financiamiento destinado a pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Esta medida, que afecta a un sector ya golpeado, ha desencadenado un conflicto legal que se remonta a más de un año. Según CELADI, el último pago del Estado se realizó en noviembre de 2024, lo que refleja la gravedad de la situación actual.
La resolución 28/2026 del Ministerio de Transporte ha desatado un torbellino de críticas. La cancelación del esquema habitual de compensaciones ha dejado a las empresas de transporte en una posición delicada. Aunque han continuado ofreciéndoles pasajes gratuitos a personas con discapacidad, los atrasos en los pagos han generado una tensión insostenible. Esto se ha producido en un contexto donde las empresas ya se ven obligadas a absorber costos que antes cubría el Gobierno, generando un escenario insostenible.
La tensión en este escenario se intensificó el 18 de mayo, cuando un Juzgado Federal determinó que el Gobierno había incumplido sus obligaciones, reconociendo una deuda inicial de $8.753 millones correspondiente al periodo de noviembre de 2024 a abril de 2025. Este fallo se produce en medio de una desregulación acelerada del sector bajo el Decreto 883/24, que ha retirado el carácter público de los servicios de transporte de larga distancia. Las empresas, ya presionadas por la falta de respaldo estatal, se encuentran en un dilema crítico: seguir brindando el servicio y mantener sus compromisos, o enfrentarse a las consecuencias de la falta de financiamiento.
